Los científicos predicen que los eventos climáticos extremos y los desastres naturales pasarán a ser más frecuentes y dañinos como resultado del calentamiento global. Las sociedades de América Latina y el Caribe son particularmente vulnerables a esos eventos. Una enorme cantidad de daños asociados a esos eventos ha interrumpido la vida normal en las sociedades, causado enormes pérdidas económicas en la región. Por ejemplo, el año 2008 las fuertes sequías en Chile central y del sur causaron emergencias en quince municipalidades, y el gobierno nacional tuvo que gastar treinta millones de dólares solo en alimentación para el ganado y el suministro de agua potable para las comunidades afectadas. El año 2015, las inundaciones en el norte de Chile causaron pérdidas estimadas en mil quinientos millones de dólares, 8000 viviendas dañadas, y pérdidas en infraestructura local. Más recientemente, los incendios forestales del año 2017, también en Chile, destruyeron casi 1500 viviendas y dañaron 250.000 hectáreas de bosques, con un costo aproximado de trecientos treinta millones de dólares para el presupuesto fiscal, y la pandemia del Covit ha causado cuantiosos daños humanos y materiales.

Confrontados con la necesidad de enfrentar de reducir riesgos de desastres y adaptarnos mejor al cambio climático, en los centros de investigación, la sociedad y los medios hay fuertes expectativas en los acuerdos internacionales y las políticas nacionales. Por ejemplo, compromisos internacionales y su cumplimiento, planes nacionales de protección civil y adaptación al cambio climático. Esto es una reacción natural: los medios informan regularmente sobre planes nacionales, que el cambio climático es un problema global, que necesitamos respuestas globales, coordinadas y efectivas.

Sin embargo, cuando ampliamos el horizonte de la discusión e incluimos las acciones concretas de reducción de riesgos y de adaptación al cambio climático ante el desafío de tener que enfrentar un clima que ya está cambiando (recuentes sequías, inundaciones en invierno, cambios en los niveles del mar, entre otros), pasa a ser más visible la relevancia de las políticas locales. Esto ocurre porque los gobiernos municipales son responsables por buena parte del bienestar local, y buena parte de las infraestructuras públicas necesarias para sobrevivir territorios con exposición, vulnerabilidades, y en un mundo con eventos extremos más frecuentes y severos, tales como inundaciones, sequías, tormentas e incendios forestales.

En gran medida, nuestra futura calidad de vida dependerá de cómo los gobiernos locales pueden planificar e invertir en mejoras de las infraestructuras críticas (electricidad, viales, agua y servicios sanitarios, gestión de residuos y contaminación, protección medioambiental entre otros). Los gobiernos locales pueden salvar vidas durante eventos extremos, anticipando los impactos de esos eventos e invirtiendo en medidas de prevención, tales como la construcción de puentes resistentes a las inundaciones, muros de contención en caminos que pasan por zonas montañosas, sistemas de riego más eficientes, mayor capacidad de reciclaje del agua, mejores sistemas de respuesta ante emergencias, mejores ordenanzas locales,  y subsidios públicos para que los ciudadanos puedan mejorar sus viviendas.

La mayor parte de los gobiernos en América Latina y en Chile reconoce la necesidad de fortalecer las municipalidades para estar mejor preparados y enfrentar esos eventos, pero los progresos han sido lentos. El proyecto FONDECYT 1181282  ha podido documentar que ese problema se debe a un conjunto de factores institucionales que dificultan las acciones de las municipalidades, en particular las inversiones en infraestructuras críticas y su mantención, tales como son la falta de capacidades institucionales (financieras, personal, conocimiento técnico), problemas de la organización municipal, restricciones impuestas por la legislación nacional y los procedimientos administrativos que afectan la gestión pública, entre otros. 

El Investigador Responsable del  proyecto FONDECYT 1181282  observa que “las políticas nacionales de descentralización, reducción de riesgos, gestión medioambiental y de modernización de la gestión municipal no bastan para aumentar el desempeño de las municipalidades, si persisten un conjunto de rigideces que afectan el quehacer municipal en el día a día. Para lograr un mayor impacto, es necesaria una visión más integral sobre las dificultades y desafíos que enfrentan las municipalidades, especialmente aquellas que cuentan con menos capacidades para transformar las políticas en acciones y más infraestructuras críticas”.

En este sentido, la investigación del proyecto FONDECYT 1181282 está dirigida precisamente a generar mayor conocimiento y más confiable sobre los problemas reales que obstruyen un mayor progreso en la reducción de riesgos, por medio investigación documentada de las municipalidades, que ayude entender mejor dónde están los factores que obstruyen y aportar a una visión más integral.