Los eventos naturales extremos, tales como lluvias intensas e inundaciones en invierno u olas de calor y sequías en verano, tienen efectos devastadores en las condiciones de vida de la población, en  la economía y en otras dimensiones importantes del desarrollo territorial. Los riesgos frente a este tipo de situaciones son mayores en aquellas comunas  que cuentan con pocas capacidades para responder, por ejemplo por funcionar con planes de ordenamiento territorial y planes reguladores desactualizados,  por deficiencias en las  infraestructuras viales (caminos de tierra, calles y veredas mal pavimentadas o colectores tapados, etc.), y  altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica de la población. Así  ocurre, por ejemplo, con las inundaciones en invierno que se producen por la caída de aguas lluvias, que causan más daños en lugares donde los caminos no tienen pavimentación ni sistemas adecuados para la evaluación de aguas lluvias, donde los materiales de las viviendas son ligeros y se producen filtraciones, que afectan especialmente a familias con pocos recursos.  Distintas fuentes de información, tales como el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (2012), coinciden en señalar que este tipo de problemáticas relacionadas con los riesgos por la exposición y vulnerabilidad frente al cambio del clima y otros eventos naturales irán en aumento, tendrán  altos costos económicos y afectarán la calidad de vida de la población. Por lo tanto existe una demanda social importante por prepararnos para adaptarnos mejor y estar en condiciones de responder frente al desafío.

Nuestro país cuenta con una política de protección civil, donde participa la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI),  los gobiernos regionales y los municipios, con sistemas de alerta temprana y comités para enfrentar situaciones de emergencia. Sin embargo, en la práctica, este sistema se activa cuando se producen las emergencias, cuenta con pocos recursos, y por lo tanto sus posibilidades de contribuir a una buena adaptación son muy limitadas.  Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos por modernizar el sistema  de emergencia y actualizar sus procedimientos, aún persisten numerosas restricciones y rigideces, y la mayor parte de los municipios del país no cuenta con direcciones o departamentos especializados en actividades de prevención ni recursos para poder invertir en éstas. Por lo tanto, hay que buscar vías complementarias e innovadoras para fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta de las comunas, no solamente para hacer frente a los efectos más visibles de los problemas, sino para prevenir,  estar menos expuestos, fortalecer las capacidades y disminuir las vulnerabilidades.

En esta dirección, los municipios tienen la responsabilidad de liderar los procesos de preparación en sus comunas, en el marco de la actualización de sus planes de desarrollo comunal (PLADECOs). La actualización del PLADECO es una oportunidad para recabar información actualizada y pertinente que ayude a evaluar el rendimiento de los programas municipales, conocer mejor las experiencias, percepciones y demandas territoriales de la comunidad, generar información territorial que no está disponible en otras fuentes, tales como el INE, el Ministerio de Desarrollo Social, el  Sistema Nacional de Información Territorial. El  proceso de actualización del PLADECO da la oportunidad de hacer diagnósticos informados, que involucren a las autoridades, los funcionarios municipales, otros servicios públicos,  y la población e la comuna, directamente  y a través de sus organizaciones sociales.  Asimismo, el PLADECO permite integrar todas esas informaciones, levantar lineamientos  y objetivos estratégicos, programas, acciones y  proyectos de inversión pública prioritarios para la comuna, con sistemas de seguimiento y evaluación. Finalmente, en la medida que los proyectos comunales priorizados en el PLADECO sean convergentes con las prioridades de la Estrategia de Desarrollo Regional y de otros instrumentos relevantes para la planificación territorial del país, tendrán más probabilidad de ser financiados con recursos públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)  y otros instrumentos de inversión contemplados en el presupuesto nacional.

Por lo tanto, en el marco de la actualización y ejecución del PLADECO y de otros instrumentos de planificación territorial, en particular los planes reguladores, los municipios debiesen trabajar en la construcción de un  sistema de administración de riesgos de desastres naturales que contribuya a recabar información actualizada y de calidad sobre zonas de riesgo en sus comunas, factores de vulnerabilidad y capacidades (infraestructuras, equipamientos, etc.).  Asimismo, en los procesos de diagnóstico y formulación de sus agendas de planificación, debiesen preguntar por el grado de preparación de la comuna para disminuir los riesgos, y con una visión sistémica, integradora, debiesen evaluar qué proyectos pueden acercar mejor a la meta de una comuna que sea menos vulnerable y tenga mayores capacidades para adaptarse y mitigar los efectos negativos y daños de eventos que serán inevitables en el futuro y probablemente cada vez más intensos.